Una de mis mayores sorpresas cuando volví de mi largo exilio fue ver la
enorme tolerancia que había en España hacia el fascismo. En realidad,
ni siquiera se utilizaba el término fascismo para definir el régimen
dictatorial que existió en España durante 40 años. Se le llamaba
régimen franquista, implicando que era un régimen caudillista dirigido
por el general Franco, ignorando que aquel régimen fue mucho más que un
régimen caudillista. En realidad, reunió todas las características de
los regímenes fascistas, por mucho que politólogos procedentes de aquel
régimen, como Juan Linz, y revisionistas de varias sensibilidades
políticas –incluidas algunas de centro izquierda– lo nieguen. Como he
documentado en otro artículo,
“Franquismo o fascismo” (
Público,
28-05-09), aquel régimen tenía cada una de las características del
fascismo, es decir, un nacionalismo exacerbado con visiones
imperialistas basado en una concepción racista que justificaba su
derecho de conquista –ver
“El racismo del nacional catolicismo” (
Público,
14-01-10)–; un absoluto control sobre los medios que intentaba
reproducir una ideología totalizante, el nacional catolicismo; una
supeditación de la sociedad civil al Estado, dirigido por una persona
que el régimen presentaba como dotada de méritos sobrenaturales
(referido como “caudillo por la gracia de Dios”), líder supremo del
partido fascista, del Estado y de sus Fuerzas Armadas, caudillo que
dirigía un Estado enormemente represivo.
Por cada asesinato político
que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000. Más de 200.000 personas
fueron fusiladas y 114.421 desaparecieron en el periodo 1936-1951, sin
que todavía hoy se conozca dónde están sus cuerpos. El mal llamado
franquismo fue un régimen fascista, uno de los regímenes que cometió
las mayores atrocidades y violaciones de los derechos humanos en la
Europa del siglo XX.
Resultado de la manera inmodélica en que se hizo la Transición, no
existe plena conciencia de lo horrible que fue aquel régimen. El
silencio que siguió a la dictadura y el olvido del pasado (excepto en
pequeños círculos académicos) explica que la juventud, por ejemplo, no
sepa que en otros países donde existieron regímenes semejantes, como en
Alemania, cualquier tolerancia al nazismo está prohibida, incluyendo
la existencia del partido nazi o de asociaciones afines. No así en
España, cuyo Jefe del Estado –el monarca– fue nombrado por el régimen
anterior. En realidad, todavía hoy uno de los dos mayores partidos del
país, el PP, muestra su rechazo a condenar aquel régimen por su nombre,
excusándose en denuncias genéricas y asumiendo una equidistancia en
los horrores y responsabilidades en los dos bandos de la mal llamada
Guerra Civil (que, en realidad, fue un golpe militar, ayudado por
Hitler y Mussolini, resistido por la mayoría de las clases populares
durante tres años), que dan prueba de su falta de comprensión de lo que
fue aquel régimen fascista. El PP no es antifranquista, y esto
disminuye su credibilidad democrática. Y en algunas comunidades
autónomas gobernadas por él, como Madrid y Valencia, sus gobiernos
autonómicos todavía apoyan programas educacionales que justifican el
golpe militar y el régimen que estableció.
Pero esta tolerancia ha llegado a un extremo que es vergonzoso. Las
fuerzas herederas de aquel fascismo quieren llevar a los tribunales al
único juez, Baltasar Garzón, que ha intentado llevar a los tribunales
al franquismo. Tal situación es impensable en cualquier país
democrático europeo que vivió y sufrió el fascismo. Y lo que es
vergonzoso es que el Tribunal Supremo esté dispuesto a considerar esta
acusación, utilizando además el argumento, defendido por uno de sus
miembros, el juez Varela, de que la Ley de Amnistía firmada al final de
la dictadura ofreció inmunidad a los dirigentes de aquel régimen,
ignorando también que el Estado español firmó tratados internacionales
que exigen el juicio de los responsables de aquellas atrocidades. No
puede verse hoy en Europa un hecho semejante y cubre a España de
vergüenza. ¿Cómo pueden los miembros del Tribunal Supremo (presidido por
un juez que juró lealtad al fascismo) llegar a este extremo de
insensibilidad democrática? ¿Cómo pueden llegar a legitimar a los
herederos del régimen que asesinó al mayor número de españoles y
demócratas en el siglo XX, aceptando su demanda? Tal comportamiento
ofenderá una vez más a los millones y millones que perdieron todo lo
que tenían en su defensa de la democracia. ¿Y donde están las derechas,
siempre listas ellas para defender el honor de España, en un momento y
en un hecho que cubre de vergüenza al país? Su hipocresía sobre el
terrorismo queda evidenciada cuando excluye de su homenaje al enorme
número de víctimas del terrorismo fascista, que fue mucho mayor en
número que el cometido por el terrorismo de ETA. ¿Cómo es que el
príncipe Felipe, en representación del monarca, presidiera los actos de
homenaje a los últimos y nunca ha presidido ninguno de los primeros?
El argumento que se ha utilizado para definir lo que estamos viendo es
que es un mero conflicto entre dos jueces, uno de ellos molesto por el
excesivo protagonismo del otro. El juez Varela que intenta penalizar a
Garzón es cómplice de aquella demanda y como tal merece el mayor
rechazo por parte de todas las personas demócratas. Su animosidad hacia
Garzón y el protagonismo de Garzón son temas irrelevantes. Es una
enorme frivolidad ver lo que está ocurriendo como un mero conflicto de
personalidades. Al contrario, este comportamiento del Tribunal Supremo
(en caso de aceptarse la petición del juez Varela), le haría cómplice
del fascismo, mostrando un indicador más de lo inmodélica que fue la
Transición de la dictadura a la democracia y de la escasa sensibilidad
democrática del Estado español. El fascismo continúa vivo y presente en
España.
Por Vicenç Navarro. Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
